El Club Español de Directores de Relaciones Institucionales y Comunicación, en colaboración con la firma de servicios profesionales KPMG, ha inaugurado el nuevo curso institucional analizando el impacto regulatorio, operativo y reputacional provocado por la no convalidación del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, sobre transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés.
La derogación de la norma en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre de 2026 deja una profunda brecha en el panorama normativo e institucional español. Este traspié legislativo evidencia las complejas dinámicas parlamentarias actuales y sitúa a España, una vez más, a la cola de las principales economías europeas en el desarrollo de un marco regulatorio formal y uniforme para las actividades de lobbying.
Impacto sobre los fondos europeos y la integridad pública
El texto presentado por el Ejecutivo buscaba cumplir un doble objetivo fundamental: dotar al Estado de un marco ético estructurado para las interacciones entre los poderes públicos y el sector privado, y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para salvaguardar el desembolso de los fondos comunitarios vinculados a hitos de regeneración democrática.
La pieza central del decreto ley contemplaba la creación de un Registro Estatal de Grupos de Interés, de carácter público y obligatorio, concebido para auditar la huella normativa, controlar las agendas de los altos cargos y aplicar un régimen sancionador con multas de hasta 40.000 euros para las infracciones muy graves.
Tras el análisis desarrollado junto a los expertos de KPMG, el Club ha advertido de las consecuencias operativas e institucionales inmediatas de este rechazo parlamentario:
- Pérdida de tracción en la transparencia institucional: Las más de 250 inscripciones y registros formalizados en el breve periodo de vigencia provisional de la norma quedan en punto muerto, disolviendo el avance logrado en la trazabilidad explícita de las agendas públicas y la interacción de los grupos de presión.
- Riesgo en la recepción de fondos europeos: La derogación compromete directamente partidas presupuestarias comunitarias condicionadas a la implementación de mecanismos eficaces de gobernanza pública, anticorrupción y transparencia en la toma de decisiones.
- Vacío regulatorio frente a la Unión Europea: A diferencia de las directivas y marcos vigentes en las instituciones comunitarias o en otros socios europeos, las empresas y consultoras de asuntos públicos en España continuarán operando bajo un escenario de autorregulación voluntaria o de acentuada disgregación normativa autonómica.
La necesidad de una Ley de Huella Normativa con consenso parlamentario
El resultado de la votación sitúa a la administración pública y al tejido empresarial en una encrucijada estratégica. Para recuperar el terreno perdido y garantizar la seguridad jurídica del sector, el Club Español de Directores de Relaciones Institucionales y Comunicación considera imprescindible reabrir el procedimiento normativo mediante la tramitación de un Proyecto de Ley negociado de forma integral en las Cortes Generales.
Desde el club se remarca que solo un consenso transversal —que defina con claridad la naturaleza representativa de patronales y sindicatos frente a los grupos de interés comerciales— permitirá aprobar la tan necesaria "ley de huella normativa" que las instituciones y la sociedad demandan para equiparar a España con los estándares de integridad internacionales.